Prisión por pensión alimentaria.
(De presos y prisiones)
Los sabios constituyentes que
redactaron la constitución vigente, proclamaron de forma categórica en el artículo
38 la imposibilidad de reducir a prisión a un ciudadano por deudas. Su sobrado
sentido común les hacía entender que una persona que ha adquirido deudas, solo
puede satisfacerlas si tiene la posibilidad de trabajar, y no tenía pues sentido
sancionarle con una reclusión, que además de no permitirle cumplir sus
obligaciones, le iba a suponer un costo al erario público.
Allá por el año 1996 otros
legisladores, con mucho menos sentido común y tal vez presionados por
circunstancias sociales o de opinión pública, decidieron enmendar la plana a la Carta Magna
Que tremendo despropósito para el
menor que se ha de sentir estigmatizado por tener a su progenitor entre rejas y
no ganar nada a cambio. Si al menos el estado se viera obligado durante esos
seis meses a remunerar a esa familia, podríamos encontrarle algún sentido. Sino,
la justicia se convierte en vulgar sacada de clavo.
Se habla de reducir el periodo y
jerarcas del Ministerio de Justicia pretenden arreglar el desaguisado proporcionando
trabajo a los cientos de recluidos por ese delito, pero son vanas promesas. De
que manera regularían los salarios de tales privados si los montos de las
pensiones son de lo más dispares; violentarían acaso el derecho laboral de
igual salario por el mismo trabajo. O solucionarían el problema creando
distintos puestos de trabajo, por ejemplo trabajo agrícola para las pensiones
baratas y trabajo tecnológico para las más altas. Considerando que hay presos
con pensiones millonarias, dudamos mucho que haya forma de solucionar el
problema de esa manera.
Y este tema de la determinación de
los salarios nos lleva al de la determinación de los montos de las pensiones
alimentarias y al criterio de los jueces de familia y sobre todo de las juezas,
porque lamentablemente aquí, también llegaron las divergencias de género. “Los y
las” jueces de familia parece que manejan un monto de pensión mínima pero no
tienen un monto máximo, lo que resulta cuando menos paradójico porque se supone
que tal monto es para satisfacer las necesidades del menor, y estas, al igual
que tienen un mínimo han de tener un máximo.
Pongamos el caso del Gerente del
Banco Nacional que tiene un salario astronómico que fluctúa alrededor de los 25
millones de colones. Si su esposa le solicitara una pensión para un hijo y
contara con un buen abogado o mejor una buena abogada, posiblemente le “sacaría”
unos cinco millones. Es esto justo, hay algún niño que le cueste tanto a sus
padres. En una sociedad como la nuestra de castas laborales se puede calcular
la pensión mínima del hijo del peón, considerando que va a la escuela pública,
que se alimenta con arroz, frijoles y demás productos de la canasta básica y
que se viste con ropa americana, no teniendo derecho a mayores “vicios” de
consumo. Del otro lado, el hijo del banquero, estudiará en el mejor colegio
privado y le entregaran la factura por tal servicio, tendrá un profesor privado
de música e ingles que también entregaran cuando menos un recibo por servicios,
se vestirá en las mejores tiendas del X-Mall que dan factura por sus ventas
igual que dan recibo por la cuota en el club, y se alimentara muy saludablemente,
aparte de sus vicios tecnológicos. Tan difícil es ponerle un precio a tales
privilegios, seguro que en el colegio de economistas dirán que para nada. ¿Entonces
porque no se establece un baremo de unos cinco montos distintos (o más) de
pensión alimentaria? Fijándose esta en función de las necesidades del menor y no
en la billetera del progenitor.
Dejemos de pensar en el negocio
de los tiburones del derecho que redactaron la ley de marras, y respetemos los
Derechos Humanos de padres y menores.
